La vulnerabilidad de los menores en entornos educativos es un tema de suma importancia que exige acciones concretas y responsables. La Ley 2375 de 2024 surge como una respuesta legal para garantizar que quienes trabajan con niños y adolescentes cumplan con estrictos criterios de idoneidad, evitando riesgos relacionados con antecedentes de delitos sexuales.
Esta ley establece que personas condenadas por delitos sexuales contra menores estarán inhabilitadas para desempeñar cargos, oficios o profesiones que impliquen contacto directo y habitual con niños, niñas y adolescentes. Entre estos cargos se incluyen docentes, directivos, personal administrativo, monitores, conductores escolares y más.
La prevención es clave para proteger la integridad y bienestar de los menores. Por eso, la verificación rigurosa de antecedentes y la investigación exhaustiva del personal educativo y administrativo son esenciales. No solo las instituciones educativas deben garantizar estos controles, sino también los padres de familia, quienes tienen derecho a conocer quiénes están al cuidado y formación de sus hijos.
¿Cómo podemos ayudarte?
En OPRAMS ofrecemos servicios especializados para instituciones educativas y familias que buscan garantizar un entorno seguro para los menores:
- Verificación de antecedentes y confiabilidad de docentes, directivos y personal administrativo.
- Investigación de antecedentes de personal en contacto con menores, incluyendo transporte escolar y monitores.
- Validación del cumplimiento de la Ley 2375 de 2024, asegurando que no se contrate a personas con inhabilidades legales.
Nuestro compromiso es brindar tranquilidad, aportando un análisis riguroso y confiable que contribuye a la prevención de riesgos.
No esperes a que suceda lo impensable. Proteger a los menores es una responsabilidad compartida.
Contáctanos hoy y asegura un entorno seguro para tus hijos y tu institución educativa.
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